Nuevo Real Decreto de medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones
Nuevo Real Decreto de medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones
En fecha de 5 de noviembre de 2019, en el BOE se ha publicado el Real Decreto Ley 14/2019 por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad en materia de administración digital, contratación del sector público, y telecomunicaciones.
El desarrollo y empleo de las nuevas tecnologías y redes de comunicaciones por parte de las administraciones públicas exige establecer un marco jurídico que garantice el interés general y, en particular la seguridad pública, asegurando la adecuada prestación de los servicios públicos y, al mismo tiempo, que la administración digital se emplee para fines legítimos que no comprometan los derechos y libertades de los ciudadanos.
El referido Real Decreto ley tiene por objeto regular este marco normativo comprende diversas medidas relativas a la documentación nacional de identidad; a la identificación electrónica ante las Administraciones públicas; a los datos que obran en poder de las mismas; a la contratación pública; y al sector de las telecomunicaciones.
El capítulo III regula varias medidas en materia de contratación pública, todas ellas dirigidas a reforzar el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos personales y la protección de la seguridad pública en este ámbito.
Los contratistas del sector público manejan para la ejecución de los respectivos contratos, un ingente volumen de datos personales, cuyo uso inadecuado puede, a su vez, plantear riesgos para la seguridad pública, por lo que resulta necesario asegurar normativamente su sometimiento a ciertas obligaciones específicas que garanticen tanto el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos personales como la protección de la seguridad pública.
El capítulo IV regula varias medidas para reforzar la seguridad en materia de telecomunicaciones.
Finalmente, el capítulo V refuerza los deberes de cooperación de las administraciones en el ámbito de la ciberseguridad.